¡Otro para ti, majo!

El famoso "saludo" que le dedicó Aznar a los universitarios que le gritaron "aznar fascista" (aunque según algunos el gesto lo hizo cuando le dijeron "Jose Mari Presidente" imitiando a los de nuevas generaciones) está creando tanto furor (y no me refiero a que solo por él inaugurara una nueva sección en el blog llamándolo "el rey del caldo del mes" ), que en internet están surgiendo diversas páginas como reacción al gesto.

Y no, tampoco estoy hablando de los grupos de facebook ni eventos de tuenti, si no a esta página: devuelveelsaludoaaznar.com

Siguiendo la línea de la genialísima web en la que se jugaba a lanzarle un zapato a bush, esta página es tan fabulosa y magnifica que debe ser compartida con el mundo. Al más puro estilo ¿querías caldo? puestomadostazas en esta web miles de personas le están dando un par de tazas al majete de Jose Mari, devolviendole el saludo, en un simpatiquísimo ¡Otro para ti majo!. 

¿Quién se anima?

Protección contra la piratería sin límites: yo también me uno al manifiesto

"Si hay que aclarlo se aclarará” palabras del presidente del Gobierno Zapatero sobre toda la polémica creada en torno al anteproyecto de Ley de Economía Sostenible con su disposición final primera.

Esta disposición final primera modifica la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Real Decreto Legislativo 1/1996 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual para, palabras textuales, proteger la propiedad intelectual frente a la piratería en Internet.

He leído todo lo que dicen que vulnera y me he leído esa disposición final y sin duda hay muchas zonas oscuras:

“2. Los órganos competentes para la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior, con el objeto de identificar al responsable del servicio de la sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente vulneradora, podrán requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la comunicación de los datos que permitan tal identificación a fin de que pueda comparecer en el procedimiento. Los prestadores estarán obligados a facilitar los datos de que dispongan.”

Este precepto da bastante miedo en tanto que ¿cómo se identificará al responsable? ¿Dónde estará el límite?  ¿y la intimidad?

Y lo más importante ¿quién lo decidirá y en base a qué? Esto último lamentablemente también tiene respuesta:

“1. Se crea en el Ministerio de Cultura, la Comisión de Propiedad Intelectual, como órgano colegiado de ámbito nacional, para el ejercicio las funciones de mediación y arbitraje y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que le atribuye la presente Ley.”

Ahí está el caldo del asunto: una Comisión creada por el Ministerio de Cultura (órgano del Gobierno, del Poder Ejecutivo) que podrá tomar decisiones como el cierre de las páginas web. Pero ¿de qué páginas web? La reforma dice “prestadores de servicios” que esto, como no me quedaba claro, y yo entendía que prestadores de servicios es cualquiera que tenga una página web, he buscado y, según David Bravo, especializado en Derecho informático, se refiere a “toda página web que obtenga algún rendimiento económico, por mínimo que sea, como un blog con publicidad”.

Zapatero se ha apresurado a decir que no se cerrará el acceso a usuarios, pero la Ministra de Cultura ha vuelto a reiterar que la decisión corresponderá a la Comisión de Propiedad Intelectual. Y esto nos lleva de nuevo al punto clave: ¿Puede una Comisión nombrada por un ministerio cerrar páginas web, el acceso a Internet? ¿Puede una Comisión entrar a conocer sobre la licitud de una página web? ¿Puede una Comisión juzgar esto? 

La respuesta está clara: No. Peligran, sí, peligran nuestros derechos si puede ahora una comisión decidir si una página está actuando lícitamente o no. Si ahora una Comisión puede juzgar.

Está claro: la Constitución Española dice en su artículo 117. 3 que “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.”

Me hace gracia que se ponga como condición para que la Comisión entre a conocer la voluntad de al menos una de las partes, claro, un requisito clave y asegurador de nuestros derechos. Seguro que Ramoncín se lo pensará dos veces,  “¿uy, a donde voy: a los juzgados que son muy lentos y con sus leyes y doctrinas seguro que no me resuelven nada o una  Comisión que ha puesto mi colega ministra expresamente para proteger mis derechos de autor?” Creo que está demasiado claro.

En cuanto al debate de la piratería es algo que podría dedicar en un post aparte ¿deben los artistas cobrar por cada ocasión que se utilice u producto? Los periodistas producen un texto lo venden, se publica y no vuelven a ver ni un duro por su producto, aunque ese mismo texto se difunda en un medio, en dos, tres y en distintos soportes. ¿No deberían tal vez centrarse en ofrecer (buenos) conciertos? Hace poco leí un estudio en el que decían que los artistas ganaban más con los beneficios de los conciertos que con la venta de discos, y me pareció bastante curioso. Además, ¿no vamos a pagar también un canon?.  Ya hay páginas en las que sus artistas ofrecen descargas gratuitas, ¿por qué unos sí y otros no?

Pero centrándonos de nuevo en el tema, lo que me escama de todo esto es que una Comisión tenga tan amplias competencias (¡juzgar!) y que esto se haga en realidad para evitar todo el farragoso camino de los tribunales y los autores puedan ver protegido su apreciado derecho más rapidamente, y que no se haga en otros temas en los que la lentitud judicial también sea exasperante. Me escama el canon, la Comisión juzgadora y (sobretodo) la falta de información (mientras unos dicen que no cerrarán ciertas páginas otros dicen que ya se verá). 

Pero, sobretodo, me asusta que le pongan tantas barreras a la libertad de Internet.

Por todo ello yo también me uno al

Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”

 
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.

El doble filo de la libertad de información en Internet: La Responsabilidad

La responsabilidad jurídica por los contenidos que se vierten en internet es un tema oscuro y para el que nadie sabe tener una respuesta clara y precisa. Gracias a un trabajo que me propuso el profesor de Derecho Constitucional Lorenzo Cotino y toda la información  y videos que me facilitó, he podido hacer una pequeña reflexión al respecto que, como futura periodista, y también jurista, es algo que me parece muy interesante, y por ello hoy he decidido finalmente publicarlo aquí.

Muchos son los periodistas que miran con recelo a la creciente proliferación de blogs que existen en Internet. Y es que cada vez son más las personas que, por motivos políticos, personales, económicos o simplemente por ociosidad y diversión, deciden crearse una pequeña ventana en ese gran espacio que es la red para manifestarse, para decir lo que piensan, un poco su “yo también estoy aquí”.

Esta vía para ejercer de una manera más amplia nuestras libertades de información y expresión debería casi con toda seguridad ser aplaudida por los que más las ejercen y defienden en su día a día, los periodistas, los profesionales de la información. Pero paradójicamente son estos los que mayormente desconfían de los que utilizan esta libertad en la web como quieren.

El principal argumento para desconfiar de los bloggers e internautas es el de la calidad de la información que emiten. Una información precisa, contrastada, clara y real es lo que ofrecen los periodistas. Mientras que en las páginas de Internet normalmente se sirve un refrito de mucho y de nada, de pedazos de información que se encuentran aquí y allá, de palabras tecleadas sin pensar en las consecuencias amparados por el anonimato, por la falta de recursos para controlar la responsabilidad. Porque todo se centra, finalmente, en la responsabilidad de la información que se produce.

Un periodista debe ser siempre -en teoría- diligente en su trato de la información, existe un gran trabajo detrás de lo que se acaba ofreciendo al público, porque es responsable de lo que dice. Una televisión es responsable de las imágenes que emite, una radio se responsabiliza de la opinión que se manifiesta en ella, un periódico es responsable de las cartas que se publican -si su autoría no estuviese debidamente identificada-. Siempre hay alguien que se hace cargo. Y sin embargo, ¿qué pasa en la web 2.0? ¿Realmente sus usuarios utilizan la libertad como quieren?

La responsabilidad por los contenidos en Internet es como un fantasma, como un cuento para no dormir que a todos nos han contado, pero que luego, en la realidad uno no tiene clara su existencia. Con una Directiva europea que exime a los intermediarios de las páginas en la red -aunque sí les obligue a retirar el contenido ilícito-, pero que no deja claro cuándo se es intermediario y cuándo se deja de serlo, nos pillamos los dedos al intentar afirmar con rotundidad quién es responsable de qué.

Si decidimos que el responsable es el prestador de servicio de la página web, el problema recae sobre el de qué va a ser responsable. Se le exige cierta diligencia al controlar los contenidos que se viertan en su página web: en los foros existe la figura del moderador, en los blogs el propio autor deberá contener los comentarios que en su página se produzcan. Se pueden utilizar medios técnicos, como el que solo puedan interactuar en la página las personas registradas, los usuarios X, o Y. Pero, ¿hasta donde llega el control y cuando empieza esa peligrosa censura previa?. Si se comienzan a eliminar directamente todos los contenidos que, en una fiebre paranoica, se consideren que puedan ser ilícitos antes de llegar a ser apenas publicados, se acabará con el mayor tesoro de la red: su libertad.

Sin embargo, el decidir que el autor sea el responsable es un reto todavía más complicado. El anonimato que ofrece Internet es una barrera difícilmente salvable. Cada vez más los usuarios tienen conocimiento de cómo cambiar su número IP para que su rastreo sea más difícil, y prácticamente nadie da sus verdaderos datos en internet cuando va a publicar o a opinar. Y si opinan, muchas veces es precisamente por ese anonimato.

Tal vez en esos casos lo más fácil sea actuar siguiendo el ejemplo de EEUU y su aplicación del “Digital Millennium Copyright Act” y se borren directamente todos los contenidos ilícitos anónimos que pululen por la red.

De este modo se llega a la conclusión de que el tan solo hecho de buscar un responsable en la red es ya toda una aventura. La ausencia de interés en reformar la Directiva europea, y el lavado de manos del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional no ayudan en nada a todos aquellos tribunales ordinarios inferiores que cada vez dan una respuesta diferente a las mismas preguntas. Cada caso tiene una resolución. Cada Sentencia una nueva doctrina. Si se intenta mirar de lejos para hacerse una idea de cómo se resuelve el problema de la responsabilidad por los contenidos ilícitos en la web 2.0 no se ve más que una mancha borrosa, muchas opciones pero ninguna respuesta clara. Al final se debe mirar con lupa, caso por caso, para poder resolver la responsabilidad. La contextualización del caso, atendiendo a cada circunstancia será lo que resuelva la duda de la responsabilidad: ¿Fue diligente el medio?, ¿participó en la creación de los contenidos ilícitos?, ¿conocía el que lo publicó que existían dichos contenidos?, ¿la página en la que se vertieron los contenidos era relevante?, ¿tenía el afectado posibilidad de réplica?.

En definitiva, al final son más preguntas las que ayudan a responder a si existe responsabilidad, y en tal caso quién es responsable y por qué.

Ante todo esto se precisa el cambio, una la reforma que ilumine toda esta oscuridad que existe entorno a la responsabilidad. Es más que necesario el vigilar los contenidos que se produzcan en la red, ya que la libertad puede convertirse en una anarquía en la que otros derechos –honor, intimidad, etc-se queden sin ninguna cobertura. Pero también se debe tener cuidado, sería una locura comenzar una caza de brujas contra todo aquél que opine en la red. Siempre existe quien utilizará esa libertad para atentar contra el honor de otros, para difundir mentiras, para en definitiva hacer un uso ilícito de ella. Pero más que cerrar el cerco de esa libertad, lo que nos llevaría a una peligrosa y temida censura, deberíamos valorar todas las opciones que la red y su libertad nos permiten. En China los bloggers son considerados unos héroes que se atreven a contar la verdad de lo que ocurre, esquivando la opresión y manipulación que existe sobre sus medios de comunicación. Y sin tener que ir tan lejos, aquí en España, un lugar donde los medios están controlados por los intereses económicos y políticos, la red permite una libertad de expresión que en ningún otro tiempo ni lugar se hubiera llegado a soñar. Una libertad, que los mismos periodistas amantes de la información jamás deberían olvidar. Y que tampoco los juristas ante la vigilancia de la responsabilidad en Internet, deben hacerlo.